sábado, 30 de abril de 2011

PRINCIPALES COLUMNAS DE LOS DIARIOS LOCALES

SOBREAVISO
Entre el crimen organizado y la política desorganizada, el daño que se le está asestando al país no tiene límite. Si el primero tiene contra la pared al Estado de derecho, la segunda socava los cimientos de la democracia.
Si la actuación de la fracción parlamentaria del PRI en la Cámara de Diputados, bajo la supuesta coordinación de Francisco Rojas, respondió al afán de "asegurar" las posibilidades presidenciales de Enrique Peña, el resultado es impresionante: no perfila al mexiquense como un político con talla para ocupar la Presidencia de la República y sí, en cambio, vulnera la posibilidad de dar un paso en la dirección de consolidar la democracia.
La frustración de las reformas política, fiscal, militar y laboral, el virtual boicot al fortalecimiento del Instituto Federal de Acceso a la Información así como el impresionante retraso en la designación de los consejeros electorales perfilan al Revolucionario Institucional no como un partido en vías de recuperación del poder presidencial a partir del replanteamiento de su posición, sino como un partido ansioso por regresar a un pasado irrepetible: el de un presidencialismo autoritario al que le sobra o le estorba la ciudadanía, empeñado en rehabilitar el corporativismo.
La figura de Enrique Peña, diseñada por sus operadores en San Lázaro, es la de un ferviente creyente del viejo corporativismo y de la negociación bajo cuerda de intereses nacionales en beneficio de intereses particulares. Ése es, sin embargo, problema de Enrique Peña y su clan; el problema nacional es que, en la miopía de fortalecer una precandidatura, se perdió la oportunidad de consolidar la democracia justo cuando está en peligro.
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El periodo ordinario legislativo que hoy concluye era, probablemente, la última oportunidad para consolidar la democracia a partir del ensanchamiento de la participación ciudadana y para ampliar el margen de maniobra del próximo gobierno a partir de la renovación de herramientas laborales, fiscales y militares. Esa oportunidad se echó al cesto basura. El crimen, de seguro, festeja la actuación.
A la reforma fiscal planteada por la fracción parlamentaria tricolor del Senado se contrapuso la reforma laboral, mal hecha, elaborada por la fracción parlamentaria tricolor de diputados. A la reforma política impulsada por la fracción parlamentaria tricolor del Senado, se respondió con la contrarreforma política impulsada por el peñismo en la fracción tricolor de diputados. Por lo visto, la mayoría parlamentaria del PRI en diputados tenía por único objeto parar a la minoría parlamentaria del PRI en senadores. ¡Increíble!
En medio de ellos, el calderonismo –si todavía existe– no supo qué hacer o, bien, sin querer, terminó por fortalecer al peñismo. Descalificó la reforma fiscal, se sumó a la embestida contra el fortalecimiento del acceso a la información y no hizo suya, siendo que contemplaba parte de sus postulados, la reforma política.
Felipe Calderón y Enrique Peña tienen un parecido mayor al que niegan.
Si desde el arranque del periodo ordinario se temía que la sucesión presidencial contaminara el quehacer legislativo y anulara la posibilidad de consolidar la democracia, reparar instrumentos de gobierno y replantear el marco jurídico de la seguridad, la compostura de la mayoría diputadil tricolor concretó el temor.
Ahora se irá al proceso electoral bajo la amenaza criminal y sin contar con leyes e instrumentos que reanimen la participación ciudadana. El peñismo sacó del arcón de los años dorados del priismo la idea de que la ciudadanía es un estorbo, un mueble útil sólo en la casilla electoral, porque la política es y debe ser patrimonio exclusivo del corporativismo de toda laya.
El estado mayor legislativo del peñismo en la Cámara de Diputados no causa asombro: Humberto Benítez, Emilio Chuayffet, Luis Videgaray (en su momento), Alfonso Navarrete, José Ramón Martel, Felipe Enríquez, César Augusto Santiago y, desde luego, Francisco Rojas, además de los empleados que contrataron en el Partido Verde, anticipaban lo que iba ocurrir. Un staff político, cubierto en la retaguardia, por los representantes de Elba Esther Gordillo, incluido desde luego Humberto Moreira que, según versiones no confirmadas, dirige al PRI.
Dicho, en breve, el salinismo, el magisterio, los representantes "populares" de las televisoras uniendo esfuerzos para impulsar ya no la candidatura, sino la Presidencia de Enrique Peña sobre la base de echar atrás las manecillas del reloj de la historia: no hay mejor futuro que el pasado tricolor.
En la miopía y la falta de perspectiva, el peñismo ni por asomo aprovechó la oportunidad de modernizar su visión de la política.
El hecho de que la fracción parlamentaria en el Senado, coordinada por Manlio Fabio Beltrones, quien desde luego tiene sus propias aspiraciones y ambiciones, pusiera sobre la base del debate parlamentario tres mitos intocables –generalizar con matices el Impuesto al Valor Agregado, proponer la reelección de legisladores y replantear el fuero militar– le daba una enorme oportunidad al priismo en su conjunto para reposicionarse frente al electorado. El peñismo no vio la oportunidad, sino el peligro y, entonces, volteó para atrás: no reforma fiscal, no reelección; sí candado de gobernabilidad; no acotamiento del fuero militar; sí militarización de la situación nacional.
Tan cuidadoso de su imagen mediática, Enrique Peña dejó que sus operadores desfiguraran su imagen política frente a grupos que también influyen y, al final, quedara mal frente a los fuertes intereses con los que quiere prolongar una supuesta luna de miel. La imagen del joven Peña se asemeja a la canción de Gabilondo Soler, El Grillito Cantor: "¡Toma el llavero, abuelita, / y enséñame tu ropero! / Prometo estarme quieto / y no tocar lo que saques tú".
Más allá de Enrique Peña y su desbocada carrera hacia a Los Pinos, lo grave es que ahora se vaya a una elección presidencial sin tener asegurado el proceso y sin darle garantías a los candidatos y a los electores como tampoco al próximo gobierno. Si el crimen tiene contra la pared al Estado de derecho y la política socava los cimientos de la democracia, el resultado es un peligro.
¡Qué daño le están provocando al país el crimen organizado y la política desorganizada!


CON MAYÚSCULAS    Juan Diego
 Reelección de legisladores: ¿una regresión? + “Sufragio efectivo…” No nos confundamos
Esta semana, el Senado de la República aprobó en lo general un proyecto de Reforma Política que, entre otras cuestiones de vital importancia para la democracia del país, pretende establecer el principio de reelección inmediata de diputados y senadores.
Aunque esto ha sido señalado por muchos como una regresión a los tiempos del autoritarismo, y el inicio de lo que podría ser una posible tentación para los hombres y grupos del poder para volver a instituir la reelección presidencial, e incluso que esto viola los principios de la Revolución Mexicana, más bien habría que acudir a la historia constitucional de nuestro país, para determinar si esto es tan malo como parece, o si es que, más bien, esta es una más de las decisiones que busca desincorporar el presidencialismo férreo que dominó al país durante el reinado priista.
De entrada, es necesario saber qué aspectos modificó el Senado de la República a la Constitución federal, en su calidad de cámara de origen en el proceso legislativo, y remitió a la Cámara de Diputados para su revisión y posible aprobación.
De acuerdo con información de la propia Cámara alta, los senadores introdujeron a la Carta Magna la base normativa para la existencia y regulación de las candidaturas independientes a todos los cargos de elección popular, tanto en el ámbito federal como local.
Además, avalaron que los ciudadanos sean contemplados como sujetos constitucionalmente legitimados para iniciar leyes o decretos ante el Congreso de la Unión, siempre que esas iniciativas cuenten con el respaldo de al menos el equivalente al 0.25 por ciento de la lista nominal de electores.
En cuanto a las consultas populares, se estableció que éstas se realizarán cuando se trate sobre asuntos de trascendencia nacional y podrán ser convocadas por el Congreso de la Unión a petición del presidente de la República.
Por otro lado, se aprobó la reelección en forma inmediata y mediata de senadores y diputados; los primeros hasta por un periodo adicional y los segundos hasta por dos. En el ámbito del Poder Ejecutivo se acordó que éste pueda hacer observaciones al Presupuesto de Egresos de la Federación en un plazo de diez días hábiles.
Y entre otras varias cuestiones importantes, a propuesta del senador panista Ramón Galindo Noriega, se aprobó una adición al artículo 115 constitucional, a efecto de que las Constituciones de los estados definan las bases para la reelección de los Presidentes Municipales.
En todo esto, llama particularmente la atención el “ruido” y las dudas que provoca el hecho de que la Cámara alta haya dispuesto el establecimiento de un régimen de reelección inmediata tanto de diputados como de senadores. Actualmente, al igual que los munícipes, unos y otros tienen la posibilidad de reelegirse pero sólo dejando por lo menos un periodo legislativo intermedio, entre la primera y la segunda ocasión que ocupa el cargo de diputado o senador.
Ante esa decisión, ha habido quien dice que ésta constituye una tentación autoritaria para quienes desean que, en un futuro cercano, se restablezca la posibilidad de reelección de Presidente de la República; hay quien dice que esto constituye, también, un acto de traición al principio de “Sufragio efectivo, no reelección”, defendido por el presidente Francisco I. Madero. Y hay, incluso, quien señala que esto puede ser el inicio de la perpetuación de ciertos personajes en cargos legislativos.
Más bien, habría que ver con detenimiento todo este asunto, para poder determinar si es que no nos estamos equivocando en nuestras apreciaciones.
VOLVER AL PASADO
Algo indispensable, es volver a los principios constitucionales originales, establecidos por el régimen revolucionario que redactó y pactó la Constitución federal que fue promulgada el 5 de febrero de 1917, y que entró en vigor el 1 de mayo de ese mismo año. Ahí se establecieron claramente las bases que esencialmente defendieron todos aquellos que lucharon por la democracia y los principios que han regido a nuestra república.
¿Qué decía la Constitución de 1917 en su redacción original, respecto a la reelección inmediata de Diputados y Senadores? Contrario a lo que muchos suponen, el Texto Constitucional no decía absolutamente nada. Es decir, que para el régimen revolucionario no había problema en que hubiera reelección inmediata de diputados y senadores, y por esa razón no establecía prohibiciones o candados para que esto pudiese ocurrir.
No fue sino hasta una reforma ocurrida el 29 de abril de 1933, que el artículo 59 de la Constitución federal fue modificado y adicionado por una única ocasión, para quedar en su redacción actual. Éste, hasta nuestros días, señala que “Los Senadores y Diputados al Congreso de la Unión no podrán ser reelectos para el período inmediato. Los Senadores y Diputados Suplentes podrán ser electos para el período inmediato con el carácter de
propietarios, siempre que no hubieren estado en ejercicio; pero los Senadores y Diputados propietarios no podrán ser electos para el período inmediato con el carácter de suplentes.”
Los constitucionalistas que se han dedicado a estudiar estas modificaciones constitucionales, afirman que ésta, como muchas otras reformas que sufrió la Constitución entre finales de la década los años 20’s, y la siguiente, tuvo como origen el fortalecimiento de la figura y alcances del Presidente de la República, que ya para entonces estaba en manos de personajes emanados del Partido Nacional Revolucionario que fundó el general Plutarco Elías Calles.
Se afirma, pues, que reformas como ésta fueron hechas para afianzar el liderazgo presidencial, y para que éste tuviese el control material del Poder Legislativo, a través del otorgamiento de curules como una forma de pago de favores políticos, o de premios a quienes hubiesen prestado un servicio valioso al régimen gobernante, y que por tanto los cargos legislativos dejaran de ser representaciones populares (por las que se luchara y se respondiera a la sociedad, en aras de ser reelectos), para pasar a ser extensiones del poder gobernante.
NO CONFUNDIRSE
Quizá habría que centrar la discusión en remarcar el principio de la no reelección absoluta del Presidente de la República, pero no de los legisladores. Hoy los ciudadanos no tenemos forma de evaluarlos. Y esto es indispensable para toda democracia. Por eso su productividad es tan baja. Por eso hacen lo que quieren. Pues para ellos, nuestro voto es algo así como un cheque en blanco.

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